La agencia rusa que supervisa el cumplimiento de las normativas medioambientales, Rosprirodnadzor, dio por terminada su inspección del proyecto petrolero Sakhalin-2 y procedió al traspaso del respectivo expediente, abierto a raíz de varias infracciones, a la Fiscalía General de Rusia.
Esta decisión implica para Sakhalin Energy, que es la operadora del proyecto, el peligro de quedarse sin licencia. Más aún: si el Estado ruso presenta una reclamación de beneficios perdidos, la empresa podría declararse en quiebra.
La Fiscalía ha de emitir un veredicto propio al respecto. También se espera que el expediente de infracciones será analizado en el Ministerio ruso de Recursos Naturales.
Sakhalin Energy se abstiene de comentar la situación aunque anteriormente se declaraba dispuesta a pagar multas, si las infracciones se evalúan de manera objetiva. El pulso entre la operadora de Sakhalin-2 y Rosprirodnadzor se mantiene desde hace varias semanas. Oleg Mitvol, subjefe del departamento citado, aludió en reiteradas ocasiones a la eventual rescisión del acuerdo sobre el reparto de la producción, firmado entre el Gobierno ruso y Sakhalin Energy, y anunció la intención de anular 19 licencias otorgadas a esta empresa para el uso de recursos hídricos. También mencionó la posible reclamación de beneficios perdidos que, según algunas estimaciones, podrían ascender a centenares de millones de dólares.
En caso de que la operadora se vea obligada a pagar esta suma, tendrá que declararse en quiebra.
Las invectivas oficiales contra Sakhalin Energy, según los analistas, tienen un objetivo claro: forzar a los inversores extranjeros a que cedan un porcentaje de su participación en el proyecto. Las más de las veces, se menciona como eventual pretendiente Gazprom.
