El Servicio Federal de Control Ecológico, Tecnológico y Nuclear de Rusia ('Rostejnadzor') ha procedido a comprobar cómo cumple las normas de seguridad industrial y ecológica la petrolera francesa Total, operadora del yacimiento de Jariaga.
Las actividades de Total ya son objeto de comprobación por parte del Servicio Federal de Supervisión Ecológica ('Rosprirodnadzor') y, por si fuera poco, también lo había hecho el Ministerio de Energía e Industria. Éste ha criticado a la Total porque en el yacimiento de Jariaga 'los ritmos de producción no alcanzan los indicadores programados', y la petrolera necesitará presentar hasta finales de marzo los datos sobre la 'cantidad real del petróleo que extrae'.
Es poco probable que los ataques de los servicios controladores hayan resultado inesperados para la Total. Los acontecimientos en Sajalín ya han mostrado a los interesados cómo hay que actuar en el caso de los acuerdos de reparto de la producción (ARP). Así, la compañía Shell fue acusada por 'Rosprirodnadzor' y otros de haber exagerado el presupuesto de inversiones y, como consecuencia, ha tenido que vender a Gasprom el paquete mayoritario de acciones que tenía en el proyecto 'Sakhalin-2'. Pues ahora les ha tocado el turno a Jariaga y a la Total.
El régimen de los ARP es ante todo un sistema individual de imposición. De hecho, cuando el Estado procede a concertar acuerdos de reparto de la producción reconoce que su sistema impositivo no corresponde a los intereses de inversión a largo plazo. Es así como era antes en Rusia, pero ahora ya no. Los ARP han sido reconocidos como 'guerrilla impositiva' y el Estado trata de reprimirlos a toda costa.
En Rusia la política siempre ha tenido prioridad ante el derecho. Además, siempre se puede encontrar alguna cláusula de tal o cual ley que permita plasmar en realidad los lineamientos políticos.
