El diario Vedomosti critica en su editorial de hoy la decisión del Tribunal de Moscú que convalidó un veredicto de primera instancia denegando la rehabilitación post mortem de diez ciudadanos de Polonia, de un total de 22.000 militares e intelectuales polacos que fueron a parar a los campos del Gulag en 1939, a raíz del Pacto Ribbentrop-Mólotov.
El ‘caso Katyn', que es como se dio en llamar la ejecución de miles de oficiales polacos cerca de la ciudad rusa de Smolensk, durante la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo uno de los temas más polémicos en las relaciones entre Moscú y Varsovia. La Alemania nazi y la URSS se acusaron mutuamente de esta masacre que trascendió a la luz pública en 1943, cuatro años después de ocupada Polonia.
Conforme a la sentencia emitida ayer, "no se estableció como hecho la aplicación de medidas de represión públicas en relación con 10 militares polacos" cuya rehabilitación política exigían los familiares.
Es verdad que ya no quedan papeles confirmando su fusilamiento, señala el periódico. Estos reportes de "liquidación", junto con los expedientes de 22.000 prisioneros polacos, fueron destruidos en 1959. Tampoco es posible identificar ahora los restos de los ejecutados, por antigüedad. Todos los documentos de identidad, diarios y efectos personales fueron confiscados durante el proceso de exhumaciones, en 1943-1944.
En el linde de las décadas del 80 y el 90 del siglo pasado, después de que se inició la investigación del ‘caso Katyn', se exhumaron los restos de 1.800 personas, de las cuales sólo 23 fueron identificadas.
Se publicaron en su momento la resolución del Politburó acerca del fusilamiento de presos e internos polacos; las órdenes del Comisariado del Interior, NKVD, sobre su traslado a los lugares de la ejecución; y las listas de personas arribadas a estos destinos finales. También están los testimonios de la gente que participó en estos fusilamientos y los reportes de jefes locales de NKVD que dan por "cumplida la tarea".
"¿Acaso no es suficiente todo ello para reconocer el hecho de represión pública?", inquiere Vedomosti. Siguiendo la lógica del Tribunal y de la Fiscalía Militar, uno podría negar también las represalias contra otras víctimas numerosas del régimen estalinista, ya rehabilitadas. Algo parecido sucedió en el caso del último zar ruso Nicolás II y los miembros de su familia cuya rehabilitación fue aprobada solamente después de que los abogados apelaron al Presídium de la Corte Suprema.
