Guatemala, 20 de marzo, PL, para RIA Novosti. El Congreso de Guatemala finalizó sus sesiones de esta semana sin aprobar la Ley de Control de Armas y Municiones, considerada hoy como un instrumento indispensable para frenar la violencia y la inseguridad.
Aunque los diputados hicieron numerosos compromisos con la sociedad, hasta el momento no han conseguido adoptar uno sólo de los 146 artículos de la normativa, cuya discusión continuará el martes próximo.
En la actualidad un ciudadano puede adquirir hasta 12 pistolas o revólveres, amparado en cuatro licencias, y tiene derecho a comprar 15 mil municiones al mes, lo cual es excesivo para fines de defensa.
Además, se consideran como deportivos algunos fusiles de grueso calibre, como el AR-15, que es una versión del M-16 estadounidense.
Con la nueva legislación se pretende reducir a tres los artefactos por persona, con una sola licencia que se extendería después de hacerse exámenes de estabilidad psicológica y habilidad en el manejo.
Un tema polémico es la cantidad de balas que se pueden adquirir, pues primero se habló de 500 cada semana, luego se redujo a 800 mensuales y de allí a 400, pero muchos sectores insisten en fijar la cifra en 100 por calibre.
Tras el fracaso esta semana en avanzar en la legislación, el diputado Aníbal García consideró que "el verdadero problema de esta ley se llama mercado de armas y municiones", en alusión a las presiones de empresarios para impedir su aprobación.
Asimismo, la legisladora Nineth Montenegro acusó a los importadores y distribuidores de presionar a varios parlamentarios para mantener sus negocios.
La Fundación Myrna Mack coincidió con estas afirmaciones y agregó que el crimen organizado también estaría detrás de los obstáculos para aprobar la normativa, que ya tiene casi siete años de estar estancada en el Congreso.
