La formación ofrecida por este diario apunta a que la investigación sobre la RFEF y su presidente se deriva de la posible comisión de los delitos anteriormente citados en la gestión de subvenciones por valor de 1,2 millones de euros.
Esas partidas de dinero público fueron concedidas a la RFEF desde el Consejo Superior de Deportes en 2010 para reforzar la candidatura conjunta de España y Portugal para organizar el Mundial de fútbol de 2018, que finalmente tendrá lugar en Rusia.
La federación ya se vio obligada el pasado mes de enero a devolver a las arcas del Estado los 1,2 millones de euros recibidos más 300.000 euros en concepto de interés por la indebida justificación del empleo del dinero público.
Según el Consejo Superior de Deportes, que es uno de los denunciantes en este caso, del total de 1,2 millones de euros la RFEF solo justificó debidamente el gasto de 100.000 euros.