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Moscú, RIA Novosti
Kommersant
Rusia podría dar un golpe contra Microsoft
El Ministerio ruso de Tecnologías Informáticas y Comunicaciones dio a conocer el borrador del Concepto para el desarrollo del software libre que debe someterse al examen del Gobierno en verano próximo. Si el Gabinete aprueba este documento en su versión actual, la vida de Microsoft en Rusia se volverá más difícil porque el Estado ruso prestará apoyo a los productos que compiten con la empresa de Bill Gates.
La promoción del software libre o "freeware", en opinión del citado Ministerio, contribuirá a garantizar "la capacidad defensiva del país y la seguridad nacional", ayudará a sacar adelante "la industria doméstica de programas informáticos" y permitirá "reducir la incidencia de los delitos relacionados con los derechos de autor ". Asimismo, impulsará la competencia en un mercado donde los productos de la marca Microsoft dominan el segmento de sistemas operacionales y aplicaciones de oficina.
Representantes de Microsoft en Rusia califican este plan de "inviable" y creen que no ayuda a sanear el clima competitivo en el mercado. "Este concepto apunta, en realidad, a apoyar las empresas como la IBM, que están detrás de Linux. La IBM se dedica oficialmente a financiar el desarrollo de Linux para después vender este producto con su hardware", declaró Vladislav Shershulski, responsable de la estrategia de plataformas en Microsoft.
Kiril Korníliev, director general de la IBM para la Europa del Este y el Asia, desmintió esta afirmación. "La IBM es partidaria de un enfoque equilibrado a la hora de promover el software. Los componentes físicos que producimos son compatibles tanto con el software libre como con los programas comerciales, incluidos los productos de Microsoft".
Shershulski piensa que en Rusia no hay productores renombrados del software libre y que las empresas como ABBYY o Kaspersky Lab se verían perjudicadas, si su propiedad intelectual se hiciera del dominio público. El director general de ABBYY, Grigori Lipich, está de acuerdo con tal planteamiento: "No estamos preparados para el freeware. Nuestras tecnologías son singulares y no queremos revelarlas. Por el contrario, las vamos patentando".
Vedomosti
Inversores extranjeros tardarán poco en conocer lo que les está prohibido comprar en Rusia
Es posible que en su plenario del próximo viernes la Duma de Estado examine en segunda lectura el proyecto de ley que regula el acceso de los extranjeros a los sectores estratégicos. Ayer el comité parlamentario de industria, construcción y altas tecnologías recomendó a los legisladores aprobar el documento.
Los diputados de la Duma de Estado examinaron en primera lectura el proyecto de ley mencionado en septiembre de 2007. En el período transcurrido fue renovado el cuerpo de diputados y en cinco ocasiones se revisó la relación de sectores estratégicos. Tras la segunda lectura no cabe esperar cambios sustanciales en el proyecto de ley, sostiene el presidente del comité, Martin Shakkum.
La versión definitiva del documento recoge actividades de 42 tipos. En particular, se trata del sector de energía nuclear, criptografía, fabricación y tráfico de armas e industria aeronáutica. Para la segunda lectura se incluyeron en el documento, además del subsuelo, la pesca, cadenas de RTV (con audiencia superior a la mitad de los habitantes de una entidad federativa) y medios de prensa escritos (con tirada superior a un millón de ejemplares). Mantuvieron su condición de estratégicos los monopolios naturales, a excepción de correos, comunicaciones eléctricas y distribución de energía.
A los efectos de no perjudicar a Gazprom, se decidió no hacer extensivo el documento a las compañías extractivas en las que la participación del Estado es superior al 50%.
Si un extranjero desea adquirir más del 50% de las acciones de una compañía estratégica (más del 10% en caso de compañía extractiva), debe tramitar el permiso correspondiente en el organismo competente (según parece, en el Servicio Federal Antimonopolio). La norma más severa se aplicará a las compañías públicas extranjeras que se verán obligadas a concordar la adquisición de las participaciones superiores al 25% (más del 5% en caso de compañías extractivas).
La comisión gubernamental tendrá el plazo de 3 a 6 meses para autorizar la transacción o denegarla. En calidad de expertos actuarán el Servicio Federal de Seguridad y la comisión interdepartamental para el secreto de Estado. Se prevé la posibilidad de recurrir la decisión gubernamental en el Tribunal Supremo de Arbitraje.
