La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que la nación suramericana recuperará el 51% de las acciones de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), controlada por la compañía española Repsol, informó la prensa internacional.
“No es un modelo de estatización, que quede claro, es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental (hidrocarburos del país)”, dijo la mandataria argentina, destacando que su país conservará la forma de sociedad anónima, y que en el país se aplicarán las leyes de sociedades privadas.
La víspera, Fernández de Kirchner anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso del país latinoamericano para expropiar el 51 por ciento de YPF bajo el control de Repsol, argumentando que la falta de inversiones conllevó a que el país importe combustibles.
“Declárese de interés público la empresa Repsol-YPF para lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos (...). A los efectos legales se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de la sociedad”, de acuerdo con el texto leído por la locutora oficial en un acto presidido por Kirchner.
Asimismo, la presidenta de la nación latinoamericana destacó que Argentina es el único país cuyos recursos naturales se encuentran en manos de terceros.
“Somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales”, apuntaló Fernández de Kirchner.
Por su parte, el gobierno español calificó la expropiación del paquete de acciones de YPF como una “decisión hostil”, que “rompe el clima de cordialidad y amistad” entre ambos países y anunció que tomará “medidas claras y contundentes”.
“El Gobierno anuncia que tomará todas las medidas que considere convenientes en defensa de los intereses legítimos de Repsol y de todas las empresas e intereses españoles en el exterior”, dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, tras una reunión de urgencia.
El jefe de la cartera de Exteriores española añadió que “cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será tomada como una agresión por España”.
