Activistas pro derechos humanos de Siria exigen llevar a cabo una investigación internacional sobre “los asesinatos” cometidos por autoridades locales para reprimir las manifestaciones antigubernamentales en el país, informó hoy la cadena de televisión árabe Al Yazira.
“Es preciso que se lleve a cabo una investigación internacional de los asesinatos que cometieron fuerzas del régimen gobernante, porque las autoridades no son capaces de crear una comisión que ofrecería resultados fiables”, dijo el director del Centro de Estudios de Derechos Humanos de Siria, Radwan Ziadah, que actualmente se encuentra exiliado en el extranjero.
El activista denunció que durante la violenta represión de las concentraciones las fuerzas de seguridad sirias utilizaron armas de fuego en 16 ciudades, mientras en algunas localidades los militares fueron apoyados por tanques y fuego de artillería.
Además, según Ziadah, los francotiradores leales al poder disparan a la muchedumbre para dispersar las manifestaciones.
Estas declaraciones se realizaron en vísperas una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, convocada para hoy a proposición de Estados Unidos para discutir la situación en Siria.
Setenta civiles y 78 agentes de las fuerzas de seguridad murieron en Siria en un mes y medio que ha pasado desde el inicio de las protestas antigubernamentales, informó la víspera la agencia oficial siria SANA. Mientras, la oposición eleva el número de fallecidos entre la población civil hasta al menos 450 personas.
Las protestas antigubernamentales comenzaron en Siria a mediados del pasado mes de marzo después de que fuera arrestado en Deraa un grupo de escolares por escribir consignas antigubernamentales en las fachadas de edificios. Residentes locales se echaron a las calles para exigir su liberación.
Posteriormente las manifestaciones se propagaron a otras regiones del país, en particular a las ciudades de Homs, Hama, Latakia, Baniyas y algunas localidades del extrarradio de Damasco.
Recientemente, el Gobierno sirio anunció un amplio programa de reformas y el levantamiento del estado de emergencia impuesto en 1963, cumpliendo así una de las principales exigencias de la oposición. Pese a eso, las protestas continúan.
