Unas 5.000 personas, entre ellas, al menos 300 niños, murieron en Siria desde mediados de marzo pasado a raíz del conflicto entre los detractores de Bashar Asad y las fuerzas leales a su régimen, comunicó el pasado lunes Navi Pillay, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Más de 14.000 sirios fueron detenidos a raíz de las protestas contra el actual Gobierno y unos 12.500 se vieron obligados a abandonar el país, de acuerdo con un informe que Pillay planea presentar este martes al Consejo de Seguridad de la ONU.
Hace dos semanas, Pillay estimó en más de 4.000 la cifra de víctimas mortales de la represión en Siria. Una resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el pasado 2 de diciembre condenó en términos drásticos al régimen de Asad por “violación burda y sistemática” de los derechos humanos, actuación que podría equipararse a crímenes de lesa humanidad, según ese organismo.
El Gobierno de Siria admite que el conflicto causó en ambos bandos más de 1.500 muertos, de los cuales 1.100 son agentes de los cuerpos de seguridad.
El embajador de Francia ante la ONU, Gérard Araud, calificó ayer de “escandaloso” el mutismo que el Consejo de Seguridad guarda ante la violencia en Siria. “Es indignante que el Consejo, con la oposición de algunos miembros y la indiferencia de otros, se vea incapaz de presionar sobre las autoridades de Siria”, subrayó el diplomático.
Dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia, vetaron el pasado 4 de octubre un anteproyecto de resolución que fue elaborado por Francia, Gran Bretaña, Alemania y Portugal y el cual amenazaba a Damasco con sanciones, si no cesaba su represión contra manifestantes opositores. El senador ruso Mijaíl Marguélov señaló a finales de noviembre que aquel veto agotaba el arsenal de recursos que permitían a Bashar Asad preservar su statu quo en el ámbito internacional.
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, y el jefe de la diplomacia británica, William Hague, exhortaron ayer a la comunidad internacional a condenar la violencia en Siria y manifestaron el apoyo a las iniciativas de la Liga Árabe para el arreglo del conflicto. El organismo panárabe se ofrece para desplegar en Siria una misión de observadores para controlar la retirada de las tropas gubernamentales desde recintos urbanos.
