La Fiscalía española está sumida en unas de las mayores crisis de la era democrática por la negativa de los fiscales catalanes a presentar una querella contra el presidente catalán, Artur Mas.
Madrid quiere denunciar al dirigente nacionalista por liderar la consulta independentista del 9 de noviembre, que prohibió el Tribunal Constitucional español.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó a los magistrados catalanes interponer acciones legales contra el líder nacionalista a principios de la semana pasada.
De hecho, para el Gobierno del conservador Mariano Rajoy, presionado por su propio partido, esta denuncia es una cuestión de Estado, recuerdan hoy los medios españoles.
Pero el fiscal jefe de Cataluña, José Maria Romero de Tejada, alegó ayer por la noche que la querella es improcedente porque no hay base jurídica que apoye los delitos de desobediencia o prevaricación.
Los jueces catalanes arguyen, además, que el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria de la consulta simbólica, pero no emitió "ningún requerimiento posterior" al Gobierno catalán para que parase los preparativos.
Los fiscales catalanes recuerdan que diversas asociaciones, fundamentalmente partidos políticos unionistas, ya han presentado demandas contra Mas y algunos de sus consejeros. Este lunes llegaron las doce primeras denuncias.
Torres Dulce ha convocado para mañana miércoles a la Junta de Fiscales de Sala, un órgano consultivo que raramente se reúne, para valorar la querella. Se prevé que el fiscal general anuncie su decisión definitiva posteriormente.
Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, advirtió hoy contra una judicialización del proceso soberanista, y reclamó "tomar este tema con normalidad y no llevar criterios políticos a lo jurídico".
En declaraciones a la radio pública catalana recordó que "cuando hay temas políticos, lo conveniente, lo sensato y lo respetable es resolverlo políticamente y no judicializar los temas".
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, denunció, por su parte, que "ha habido una presión política evidente, clara y pública" a la Fiscalía. "Ha habido una presión monumental del Partido Popular y del Gobierno del Partido Popular sobre el fiscal general".
En una entrevista a la televisión catalana TV-3, Iceta solicitó a Torres-Dulce que escuche a los fiscales catalanes, pero valoró que el fiscal general "impondrá su criterio". "La judicialización es nefasta, no nos acerca a la solución, y la hace todavía más difícil", lamentó.
El presidente Rajoy tiene previsto viajar a Barcelona el sábado 29 de noviembre, veinte días después de la celebración de la consulta.
Alrededor de 2,3 millones de catalanes, de los 5,4 millones con derecho a voto según el censo de 2012, acudieron a las urnas el 9N. De ellos, el 81% apoyo la independencia de la región más rica de España.
