Cada 30 de octubre, Rusia celebra el Día de la Memoria de las víctimas de las represiones políticas, dramático fenómeno histórico que tuvo lugar en el vasto territorio de nuestro país a lo largo de casi todo el siglo XX.
 
Esta fecha conmemorativa fue establecida  por el Soviet Supremo (parlamento) de la República Socialista de Rusia en 1991, para honrar la memoria de reclusos de cárceles de trabajos forzados en la república rusa de Mordovia que iniciaron una huelga de hambre el 30 de octubre de 1974.

A consecuencia de una larga huelga de hambre, en diciembre de 1986, pereció en el hospital de una prisión el disidente Anatoli Márchenko, última víctima de la violencia contra la población establecida por el Estado.

Desgraciadamente, el nombre de la primera víctima de las represiones políticas en el territorio que ahora ocupa Rusia se desconoce, al igual que se ignora el número exacto de víctimas.
 Lo único que se puede decir con seguridad es que fueron millones de personas fusiladas o que murieron en las cárceles y campos de concentración.
Es uno de los episodios más oscuros de nuestra Historia, que nunca podremos olvidar.

¿Qué puede hacer el Estado y la sociedad para expiar aquel pasado nefasto y vergonzoso? En realidad el gobierno cumple sus obligaciones rehabilitando y pagando indemnizaciones a las víctimas de las represiones.
Este proceso empezó en la época de Jruschov (y por el mero hecho de hacerlo se le podrían perdonar todos sus pecados políticos), posteriormente siguió con Mijaíl Gorbachov y continuó en la época post-soviética.

Por supuesto, que es imposible compensar con dinero las torturas y sufrimientos humanos. Sin embargo, si los dirigentes del país condenaron los actos de sus predecesores e incluso los declararon criminales, su obligación directa es ayudar económicamente a sus víctimas.

Y, al mismo tiempo, ofrecerles apoyo moral, estableciendo  por ejemplo, el Día oficial de la Memoria, en el que los ciudadanos puedan celebrar ceremonias conmemorativas, así como mítines y reuniones. En Moscú ese día se suelen depositar flores en la plaza Lubianskaia, frente al  edificio que antes albergaba a la temible KGB, símbolo de las represiones en el país.

Lo que la sociedad pide a los organismos oficiales es  honrar la memoria de los muertos y ayudar a los supervivientes. Aunque muchos representantes de la “opinión pública progresista”, como publicistas y defensores de los derechos humanos no parecen satisfechos con ello y se empeñan en inventarse otras formas más sofisticadas de “romper con el odioso pasado”.

El recién designado asesor del Presidente de Rusia y Presidente del Consejo para el desarrollo de la sociedad civil y los derechos humanos, Mijaíl Fedótov, manifestó que se encargará de la “desestalinización de la conciencia civil”.
 No queda del todo claro, qué fue lo quiso decir este experimentado jurista y funcionario, porque el término “desestalinización” es aplicable a la legislación para descartar la posibilidad de que aparezcan nuevas manifestaciones de  represión por parte del Estado.
Semejante procedimiento ya tuvo lugar mientras que la conciencia cívica es difícil de moldear con directivas o buenas intenciones.

Tampoco tiene sentido la propuesta de abrir el llamado “juicio político contra el comunismo” o del “proceso contra el Partido Comunista de la URSS, PCUS”, similar al Proceso de Nuremberg, de cuya necesidad hablan con cierta frecuencia algunas personalidades públicas.

 Es un hecho que todas las represiones políticas tuvieron lugar por iniciativa y bajo la dirección del PCUS, independientemente del nombre que tuvo ese partido en determinados períodos históricos.

Pero el interrogante es ¿“y quiénes serán los jueces”?
En los últimos años de la URSS más de 18 millones de personas eran miembros del PCUS, incluidos todos aquellos que, después de 1991, de la noche a la mañana se transformaron en “luchadores implacables contra el comunismo”.

 Por la misma razón parecen absurdas las discusiones sobre la conveniencia o perjuicio de que antiguos funcionarios de alto rango “de ese partido criminal” ocupen  ahora cargos importantes en la administración pública.

Siguiendo esa lógica, el país se hubiera quedado sin sus líderes más destacados en 1991. El primer presidente de Rusia y el principal “anticomunista” Boris Yeltsin fue sabe todo el mundo, primer secretario de uno de los comités regionales y fue candidato a miembro del Politburó, el organismo más poderoso del PCUS.
 El famoso reformador Yegor Gaidar en su momento fue miembro de consejo de redacción de la revista “Komunist”, es decir, ocupó un cargo de la nomenclatura del Comité Central del PCUS, base del Politburó, y no se trata de ninguna denuncia, sino de una mera constatación de los hechos.

Y, además, ¿a quiénes juzgaríamos? ¿y con qué criterio? Para ser honestos, la responsabilidad por las represiones de la época de Stalin no sólo recae en un limitado número de dirigentes del país y en los agentes de los servicios secretos, sino también en casi toda la población de la URSS que con total pasividad y falta de resistencia dieron carta blanca a la arbitrariedad represiva del Estado.

Eso por no mencionar a los  “soplones” que suministraron la información correspondiente a los órganos represivos. Como decía Hamlet “¿Si a los hombres se les hubiese de tratar según merecen, quién escaparía de ser azotado?” En nuestro caso, parece que nadie escaparía.

Después de la época de Stalin, en un período menos sangriento, en la URSS se formó un grupo no demasiado numeroso de combatientes contra el sistema soviético, que recibieron el nombre de disidentes. Sin embargo, este par de centenares de personas que estaban en la oposición apenas tienen derecho de juzgar a sus compatriotas y los más sabios de ellos ni lo intentan.

Y en cuanto a las discusiones sobre la necesidad de que Rusia se arrepienta de los pecados del pasado, se podría decir que el arrepentimiento es una cosa muy personal, íntima incluso. Y, por lo tanto, no puede haber arrepentimiento a nivel colectivo, ni social ni estatal.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI