De acuerdo con la sentencia del Tribunal del distrito de Jamóvniki de Moscú pronunciado a finales de diciembre, Mijail Jodorkovski y Platón Lébedev no serán puestos en libertad antes de 2017.
Según el veredicto, dos ex oligarcas son culpables de apropiación indebida de petróleo y de blanqueo de dinero de origen delictivo. El Tribunal reconoció la solidez de los cargos presentados por la acusación en todos los puntos clave.
Los abogados de Jodorkovski y Lébedev, por supuesto, anunciaron que presentarán una apelación ante el Tribunal de la ciudad de Moscú y también queda la posibilidad de un indulto concedido por el presidente ruso.
Sin embargo, este proceso judicial ha puesto de manifiesto uno de los problemas más serios de la vida contemporánea en Rusia: la escasa legalidad, por decirlo de alguna manera, de las fortunas hechas en el país en los años 90 del siglo pasado. Y dicho problema es mucho más serio por el hecho de que estas fortunas son los cimientos de la economía nacional.
Parece un círculo vicioso: no se pueden retrotraer los efectos al momento de la infracción de la Ley, como se haría en Europa, y encauzarlo todo por los cauces correctos, porque eso significaría hacer tambalear los pilares de la vida económica en Rusia. Tampoco es muy seguro, en primer lugar para los propios “afortunados de los 90” seguir arrastrando esta carga en el futuro.
Precisamente a este aspecto están llamando la atención quienes están en desacuerdo con el veredicto del Tribunal, un grupo bastante unido de otros “afortunados”.
Con toda la razón señalan que el “caso Jodorkovski” está sentando un precedente peligroso y pone en tela de juicio la legalidad del funcionamiento de las principales empresas del país. Esta postura cuenta con el respaldo de diplomáticos occidentales, empezando por la Secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, y acabando por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, que exigen de Rusia “el respeto de las Leyes”.
Lo curioso es que antes del arresto de Mijail Jodorkovski en 2003, los líderes y los medios de comunicación occidentales también exigieron a Rusia respetar de las Leyes, pero con otro signo.
Con mucha insistencia recomendaron a las autoridades rusas que llamaran a orden a los oligarcas rusos, que fueron denominados “barones bandidos”. Esta expresión, dicho sea de paso, fue aplicada ayer al Jodorkovski de los 90 por el diario estadounidense “The New York Times”.
He aquí una cita de un artículo publicado por la revista alemana “Der Spiegel” el 8 de julio de 2002: “La política le interesa al nuevo rey del oro negro sólo en la medida en que ayuda o estorba a sus intereses… En lo que menos pensó fue en la democracia, al organizar y financiar en 1996, junto con otros oligarcas, la campaña electoral de Boris Yeltsin”. Y luego se citaban las palabras del propio Jodorkovski dichas durante la entrevista concedida a la revista: “Se nos puede echar en cara que hayamos infringido los principios de unas elecciones limpias, sin embargo, de entre todas las alternativas existentes en aquel momento, elegimos la mejor para nuestro país”.
Pero después del enfrentamiento abierto con el entonces presidente de Rusia, Vladimir Putin, en verano de 2003, los medios de comunicación occidentales cambiaron drásticamente de opinión, convirtiendo a Jodorkovski en el símbolo de la civilización y la democracia.
La verdad, sin lugar a dudas, estará entre los dos puntos de vista opuestos. ¿Se infringió la Ley durante la creación de las grandes empresas de los oligarcas, “YUKOS” incluido? Seguramente. ¿Han sido Jodorkovski y Lébedev los únicos en aprovecharse de las “posibilidades” que brindaba aquella época? Seguramente, no. Y es que la “bomba de relojería” que explota en estos días fue colocada hace mucho tiempo.
El mecanismo que permitió amasar fortunas desorbitadas, surgió a finales de los 80, y cobró fuerza a partir de 1994, durante la segunda ola de la privatización mediante la aplicación selectiva de las normas jurídicas, de la que acusan hoy al Tribunal los partidarios de Jodorkovski.
Los propietarios de las empresas petroleras, las fábricas rentables y los complejos metalúrgicos, de hecho, eran designados para esos puestos por las autoridades, que de una manera discreta les garantizaban inmunidad contra una eventual persecución judicial.
Además, para concederles inmunidad a los dueños de las empresas, fue creado a propósito un sistema intrincado y nada transparente de la propiedad y la administración de esas mismas empresas. Un sinnúmero de sucursales, empresas ficticias y testaferros. Todo el esquema fue bastante bien descrito en el proceso contra Jodorkovski: “Las decisiones reales las tomaba Jodorkovski y la responsabilidad por ellas era asumida por quienes firmaban los papeles”, señaló el juez instructor del caso, Víktor Danilkin.
¿Será todo eso verdad o son calumnias de los enemigos de Mijail Jodorkovski? Habrá pasado, pero no sólo en el caso de YUKOS. Casi todos los ciudadanos rusos se habrán enfrentado a este sistema: durante la suspensión de pagos de 1998, resultó que a los bancos no les pertenecía nada y no tenían con qué responder ante sus accionistas.
Y también durante la apropiación de las fábricas de producción de aluminio, de los pozos de petróleo con su “oro negro” y los Institutos de Investigación Científica con sus enormes superficies que acabarían en alquiler. Durante el impago de los sueldos y en muchas más ocasiones, cuando un ciudadano de a pie se daba cuenta de que lo que le estaba prohibido a él, estaba permitido a ciertas “personas selectas”. Era inútil contar con la justicia, porque siempre había alguna Ley que podía ser interpretada a favor de los poderosos.
Así que la justicia selectiva parece tener una larga historia y es por ello por lo que a un ciudadano de hoy le cuesta creer en los argumentos de los partidarios de Jodorkovski. ¿Por qué en los 90 habíamos de soportar la justicia selectiva y ahora nos toca protestar contra ella?
Es muy posible que sea precisamente ésta la razón de la escasa atención que prestan los rusos al proceso celebrado en el Tribunal de Jamóvniki (de acuerdo con el sondeo, llevado a cabo por el centro Levada, sólo un 2% de los encuestados seguía con atención el desarrollo del proceso y un 12% mostraba interés de vez en cuando).
Las personas que crearon a principios de los 90 el sistema de la justicia selectiva decían haberse guiado por la necesidad y, a fin de cuentas, haber obrado por el bien de la sociedad. Hoy aseguran que era primordial que en el país surgieran grandes propietarios.
Durante mucho tiempo parecía que su elección ética de aquella época había quedado en el pasado y caído en el olvido. Pues, no. Hay que pagar por todo en esta vida, y las grandes fortunas, tarde o temprano, se cobran a lo grande.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE RIA NOVOSTI.
