La “primavera árabe” amenaza con repercutir en las relaciones entre los países europeos, ya bastante deterioradas por los problemas de convivencia dentro de la casa común europea.
El asunto sobre en cuáles aposentos de la casa común deben alojarse los inmigrantes ilegales seguramente ocasionará disputas.
Del mismo modo que plantea problemas el hecho de que, si estos inmigrantes se dirigen a un destino concreto dentro de Europa, deban sufrir a causa de ello otros países.
Esta marea de emigrantes (por motivos económicos fundamentalmente) inició su éxodo hacia el Viejo Mundo inmediatamente después de la ola de revueltas que azotó primero Túnez, luego Egipto y posteriormente Libia, Yemen, Jordania, Siria y Bahrein.
Italia y Malta, las principales puertas de entrada de los inmigrantes ilegales en Europa, insisten en que toda la Unión Europea deberá unir esfuerzos para dar solución a este problema, ya que son incapaces de acoger a más gente y sufren por la falta de recursos, incluidos los financieros.
El resto de los países miembros de la UE, sin embargo, no parece tener ninguna prisa en solidarizarse con estos dos países.
El pasado 11 de abril en Luxemburgo se reunieron varias veces los ministros de Interior, Justicia y Asuntos Exteriores de los países europeos, sin que se llegara a una fórmula de compromiso que permitiera distribuir la carga de la inmigración entre todos.
Los debates alcanzaron a veces gran temperatura, llevándose casi la discusión al terreno personal; este paso, sin embargo, sólo suele ser posible en presencia de los pesos pesados de la política europea, que habitualmente acuden a las grandes cumbres y no a las reuniones ministeriales.
Las condiciones propicias se darán más bien a finales de mes en Bruselas, donde se celebrará la habitual cumbre de la UE. Se espera la visita del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyo temperamento, de siempre explosivo, ha subido de grado todavía más, debido a varios procesos judiciales abiertos contra el. Es difícil pronosticar las consecuencias …
Aunque, ya ha habido amenazas: el ministro italiano del Interior, Roberto Maroni, al concluir las consultas, declaró que Italia tendría que pensar si le merecía la pena seguir dentro de la Unión Europea. “Resulta que, cuando Italia hace aportaciones al Fondo de ayuda al euro (es decir, de ayuda a Grecia y Portugal) y para financiar la operación militar en Libia, todo está bien; pero en el caso concreto de necesitar ayuda, los países europeos no muestran solidaridad alguna”. Y se marchó a Roma indignado.
Maroni pertenece al partido Liga Norte que está en la coalición de gobierno de Silvio Berlusconi y es uno de los más derechistas en Italia. Son partidarios de la completa prohibición de la inmigración. En caso de no conseguir dicha prohibición, los miembros del partido estarían dispuestos a iniciar el procedimiento de secesión del norte de Italia. De modo que, para Italia, el problema de la inmigración es al mismo tiempo una cuestión de política interna.
Debido a la tendencia general reinante en Europa de renuncia a los principios del multiculturalismo, de rechazo a los forasteros y desconfianza hacia los inmigrantes, dicho problema figura entre la lista de prioridades de cualquier político o partido. Ser políticamente correcto y tolerante no está de moda en Europa en nuestros días, sobre todo, en el sur del continente.
Por otra parte, las relaciones entre los países del sur del continente y los vecinos al otro lado del Mediterráneo también son complicadas.
De acuerdo con las estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, a lo largo del año pasado a la isla italiana de Lampedusa (que queda el doble de cerca de Túnez que de Sicilia) llegaron 25 inmigrantes ilegales.
Y tan sólo en las dos últimas semanas de marzo a Lampedusa y la vecina Malta llegaron 23.000 inmigrantes ilegales. El número de refugiados libios que han llegado a Túnez es de 200.000 personas y en Egipto, de 160.000 personas.
Cae por su propio peso que desde allí buscarán entrar en Europa y las vías son básicamente dos: a través de Italia por mar o dando una vuelta por Grecia.
La isla de Lampedusa, nominada al Premio Nobel de la Paz
La isla de Lampedusa tiene una superficie de apenas 20 km2 y una población de 5.000 habitantes. No dispone de agua dulce (por lo que hay recoger el agua de la lluvia o reciclar el agua del mar) y vive principalmente del turismo.
Cuando el número de inmigrantes ilegales, llamados en Italia, “clandestini”, superó las 6.000 personas, la población local se sublevó y atacó la alcaldía.
Tuvo que acudir allí el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien prometió a los habitantes de la isla sacar de allí en el plazo de 60 horas a todos los inmigrantes ilegales, reducir los impuestos, introducir ventajas tributarias, comprar todas las lanchas que los ilegales habían dejado en la playa (Silvio dijo que, tras jubilarse, se dedicaría al negocio pesquero) y anunció haber comprado, en señal de solidaridad con los habitantes de la isla, una villa en Lampedusa.
Y al final Berlusconi, completamente en serio, prometió nominar la isla al Premio Nobel de la Paz. Acto seguido, se marchó para seguir de cerca los procesos judiciales abiertos contra él. En breve, a la isla acudieron 1.700 agentes de policía que empezaron a evacuar a los clandestini tunecinos y libios a la provincia de Apulia, en el sureste de Italia.
La población de Apulia, que tiene numerosos destinos turísticos y está a la espera del inicio de la temporada, no tardó en protestar contra esta decisión.
El Gobierno de Berlusconi desde finales de febrero está solicitando a la Unión Europea la asignación de recursos adicionales que permitan costear la recepción, la asistencia sanitaria, la comida y la repatriación de los inmigrantes ilegales.
No obstante, en vez de los solicitados 200 millones de euros, a Roma le ofrecieron unos escasos 18 millones. Lo que más les indigna a los italianos es que Francia, en vez de repatriar a los jóvenes ilegales árabes a los países de origen, los vuelve a mandar a Italia, que por su parte tiene que asumir los costes de su posterior deportación.
En todas las últimas reuniones de la UE a Italia le fue denegada cualquier ayuda adicional, por considerarse el flujo de inmigrantes no lo suficientemente considerable como para asignar más recursos.
Los italianos no se quedaron cortos y empezaron a conceder a los inmigrantes ilegales permisos temporales de estancia en la zona Schengen, sin pedir el consentimiento de otros países europeos. De acuerdo con la legislación de la UE, dicho permiso concede a los inmigrantes la posibilidad de desplazarse libremente por el espacio comunitario.
Esta decisión fue tomada deliberadamente: la mayor parte de los inmigrantes ilegales procedentes de Túnez quiere llegar a la antigua metrópoli, es decir, a Francia.
Los franceses se alarmaron, al descubrir en la frontera con Italia grupos de tunecinos de hasta 500 personas, dispuestos a avanzar Francia adentro. A las preguntas de cómo habían conseguido cruzar todo el territorio italiano del sur al norte, los italianos contestaban que eso mismo se estaban preguntando ellos. Luego la misma situación se repitió en la frontera entre Italia y Austria. París y Viena amenazaron con cerrar la frontera, lo que no significaría el final de los acuerdos de Schengen, pero poco falta.
La única ayuda que prometieron a Italia y Malta sus vecinos, en concreto, Alemania, Bélgica, Holanda, Hungría, Noruega, Portugal y España, fue aceptar cada uno el bonito número de 100 inmigrantes ilegales.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON EL DE RIA NOVOSTI
